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Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del art. 135 de la Ley 1753 de 2015 que regula la base de cotización de trabajadores independientes.
By: System Administrator on jueves, mayo 23

 

 

El artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 fue declarado inexequible por considerarse que la norma no cumplía con el principio de unidad de materia (artículo 158 de la CP), pues, según los demandantes, "incorpora una disposición que no guarda relación alguna con el Plan Nacional de Desarrollo. Explican que, de acuerdo con el artículo 158 de la Carta, todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia, y son inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionan con ella".  Ver comunicado No. 16 de la Corte Constitucional.

 

Ahora, con el fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que proceda a legislar sobre el tema en un término máximo de 2 años y así quede en firme y de manera permanente la disposición que le da la posibilidad a los trabajadores independientes de pagar sus aportes al Sistema General de Seguridad Social mes vencido.

 

Esta norma fue derogada expresamente por el artículo 349 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y su texto fue reproducido con algunas modificaciones (Ejemplo: no incluye la obligación de retención de aportes por parte de contratante a partir de 1 de junio de 2019) en el artículo 246.  Ver Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.1 (Ver diferencias) 

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que se trata de una inexequibilidad diferida2, los contratistas pueden seguir cotizando mes vencido.

Adicionalmente, es importante recordar que el Consejo de Estado ha reiterado que las sentencias de la Corte Constitucional solo son obligatorias a partir de la notificación de su texto completo y no a partir de la expedición de los Comunicados de prensa, pues estos NO son vinculantes.  Ver la última providencia sobre el tema.

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1. “Ha sido prolija la jurisprudencia de la Corte en torno al principio de la cosa juzgada constitucional, que significa no solamente el carácter definitivo e incontrovertible de las sentencias que aquélla pronuncia, de manera tal que sobre el tema tratado no puede volver a plantearse litigio alguno, sino la prohibición a todo funcionario y organismo de reproducir las normas que la Corte haya declarado inexequibles por razones de fondo mientras permanezcan vigentes los mandatos constitucionales con los cuales se hizo el cotejo.” Ver sentencia C-312 de 2017.

2.Las sentencias de inexequibilidad diferida nacen de la necesidad que tienen los tribunales constitucionales de garantizar la integridad de la Constitución, en eventos en donde no es posible expulsar del ordenamiento, de manera inmediata, una regulación legal, por los efectos inconstitucionales que tendría esa decisión, pero tampoco es posible declarar la constitucionalidad de la regulación, pues el tribunal ha constatado que ésta vulnera alguna cláusula de la Carta. Una de las salidas es entonces que el juez constate la inconstitucionalidad de la ley pero difiera en el tiempo su expulsión del ordenamiento. Y esa modalidad de sentencia no implica ninguna contradicción lógica, pues conceptualmente es necesario distinguir dos aspectos: la verificación de la constitucionalidad de una norma, que es un acto de conocimiento, y la expulsión del ordenamiento de esa norma, por medio de una declaración de inexequibilidad, que es una decisión”. Sentencia C-737-2001.

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