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Prohibición de utilización de bienes de uso público para actividades de proselitismo político.
By: System Administrator on martes, febrero 13

"Existen municipios en los cuales los únicos lugares aptos para adelantar actividades de carácter proselitista son las plazas, coliseos, teatros y salones de juntas de propiedad de la Nación o de las entidades territoriales, por su capacidad para albergar a los seguidores de sus campañas y además, estos sitios ofrecen las condiciones de seguridad que tanto los candidatos como los asistentes requieren. El tema consultado se enmarca en las prohibiciones consagradas por la ley Estatutaria 996 del 2005 cuando regula la “participación en política de los servidores públicos” tratándose de campañas políticas para la provisión de cargos de elección popular. Estima la Sala que una de las garantías para el ejercicio de este derecho fundamental es precisamente que los candidatos, sus partidos o movimientos, simpatizantes y el ciudadano en general, dispongan de escenarios públicos en los cuales puedan exponer sus ideas y programas con miras a unos resultados electorales; sin que ello sea pretexto para comprometer o destinar los bienes públicos por fuera de las reglas y condiciones establecidas por la Constitución y la ley. Con la aclaración de que se trata del inciso tercero del parágrafo del artículo 38 de la ley 996 del 2005, la respuesta es negativa, teniendo en cuenta que la prohibición que este precepto consagra hace referencia a todos los bienes públicos distintos de los bienes de uso público; y tratándose de estos, las autorizaciones para que sean usados en ejercicio del derecho de reunión con fines de carácter político se rigen por el código Nacional de Policía, que no contempla retribución alguna por dicho uso. Entendiendo que los “escenarios de propiedad de entidades estatales”, son bienes pertenecientes al patrimonio de las entidades estatales y por consiguiente son distintos de los bienes de uso público, no es legalmente posible su utilización para actividades de proselitismo político, porque están comprendidos en las prohibiciones consagradas en el parágrafo del artículo 38 de la ley 996 del 2005.

Fuente: Utilización de bienes públicos para campañas políticas.

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