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"Se encontraron hallazgos fiscales por $1.800 millones: Nuevas observaciones de la Contraloría sobre servicios de alimentación, vigilancia electrónica, infraestructura y salud para población ca
By: System Administrator on martes, enero 23
"Se agrava incumplimiento de las metas de generación de cupos carcelarios.
  • Ante las demoras de la USPEC para solucionar los requerimientos de infraestructura, el INPEC, sin tener la competencia para ello y posiblemente extralimitando sus funciones, ha destinado para este fin recursos propios y celebró  convenios con entidades territoriales.
  • En varios de los contratos suscritos por la USPEC, se pactaron formas de pago y manejo de anticipos que no velan por los derechos de la entidad, dado que lesionan sus  intereses patrimoniales.
  • La Contraloría verificó el recibo y pago de obras carcelarias no realizadas, o trabajos que no corresponden con la especificación contratada.
  • La USPEC transfirió a terceros la función de seleccionar a los proveedores de bienes, servicios e infraestructura necesarios para la población privada de la libertad a cargo del INPEC, desvirtuando en esta forma su principal función misional.
  • Se estableció además, que se destinaron recursos del Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad, por más de $6.200 millones, en gastos y contratos por fuera de la destinación específica para lo cual fueron apropiados, lo que motivó el traslado del hallazgo a la Fiscalía General de la Nación.
  • En cuanto al servicio de vigilancia electrónica, se evidenció que lo contratado solo cubre a un porcentaje aproximado del 10% del total de la población con medidas de aseguramiento o penas privativas de libertad extramural.
  • Denuncia atendida a la Senadora Claudia López en relación con el proceso de selección en Bolsa de los proveedores de alimentación a la Población Privada de la Libertad, motivó traslado de hallazgos a la Fiscalía General de la Nación.
  • La Contraloría determinó posibles daños patrimoniales derivados de diferencias en las comisiones pactadas con los dos comisionistas de Bolsa que representaron los intereses de la USPEC en las operaciones de mercado abierto.

 

Bogotá, 22 de enero de 2018.- Con 11 Hallazgos fiscales por $1.800 millones de pesos y 8 traslados a la Fiscalía General de la Nación, concluyeron las Auditorías de Cumplimiento que efectuó la Contraloría General de la República a las entidades encargadas  de la prestación de servicios de Alimentación, Vigilancia Electrónica, Infraestructura y Atención en Salud a la Población Privada de la Libertad a cargo del INPEC.

Estas Auditorías confirman la incapacidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para llevar a cabo su objeto misional.

En materia de infraestructura física, la Auditoría evidenció que la respuesta a los planes de necesidades del INPEC no ha sido oportuna.

Así mismo se encontró rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, lo cual se agrava con la decisión de la USPEC de ejecutar los recursos destinados para ampliación y mantenimiento de infraestructura a través del contrato interadministrativo 216144 de 2016 suscrito con FONADE, que pospuso nuevamente la puesta en marcha de los planes de mantenimiento de los establecimientos de reclusión.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios reconoce un rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, situación evidenciada tanto en el control a la ejecución contractual, como en las visitas efectuadas por la Contraloría a infraestructura carcelaria inaugurada pero que para la fecha de la auditoría, se encontraba pendiente de recibo, como es el caso  del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué “Coiba”.

En otros casos, la infraestructura carcelaria se encontraba en operación sin contar con las condiciones necesarias para su funcionamiento, como el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de El Espinal (Tolima).

INPEC intenta hacer lo que no hace la USPEC

La demora de la USPEC en la puesta en marcha del Plan de Mantenimiento, así como en la solución oportuna de los requerimientos de reparaciones locativas y atención de necesidades prioritarias en materia de infraestructura, han motivado a que el INPEC, careciendo de competencia legal para ello, destine recursos propios y celebre convenios con entidades territoriales, con el fin de intervenir la infraestructura de los Establecimientos de reclusión, lo que además de generar posible extralimitación de funciones, lleva a que se puedan estar efectuando duplicidad de inversiones.

En 2016 el INPEC suscribió 8 convenios por valor de $130 millones, y 38 convenios en 2017 por valor de $2.009 millones, para realizar intervención a la infraestructura carcelaria a nivel nacional, competencia que ahora corresponde a la USPEC, lo que lleva a la configuración de una presunta extralimitación de funciones.

Fallas en el Servicio de Vigilancia Electrónica

En cuanto al servicio de vigilancia electrónica, se evidenció que lo contratado solo cubre a un porcentaje aproximado del 10% del total de la población con medidas de aseguramiento o penas privativas de la libertad extramural.

La capacidad operativa del INPEC para efectuar monitoreo y seguimiento a las alarmas generadas por el Sistema de Vigilancia Electrónica es mínima, frente a la insuficiente disponibilidad de personal de custodia y vigilancia para realizar verificaciones de campo.

En materia de Sistemas de Vigilancia Electrónica (SVE), la Auditoría concluyó que la USPEC no contaba con un control efectivo de las sumas entregadas a título de anticipo, ni se pactó la obligación de generación ni devolución de rendimientos financieros sobre los recursos entregados a dicho título, por parte del vendedor.

Así mismo se modificaron las características del objeto de la Ficha Técnica del Negocio y el valor de la prestación del servicio diario pasó de $17.556,10 a $20.093,8, con posterioridad a la adjudicación en rueda de negocios. Tal modificación implicó que se incrementó el valor de facturación mensual, una vez adjudicada la operación en Bolsa.

Tal como se planteó la negociación en Bolsa, USPEC debe pagar la suma diaria pactada por los dispositivos efectivamente recibidos y con capacidad de generación de señal, al margen de que los mismos hayan sido instalados a los destinatarios, con lo que se podría estar cancelando sumas de dinero por servicios no recibidos.

Sobre este particular, la Contraloría observó que este tipo de condiciones de negociación se pactaron en detrimento de los intereses de la entidad y la población destinataria de los servicios.

Otros hallazgos

En igual sentido, la Contraloría objetó la cláusula octava del convenio 216144 suscrito entre USPEC y FONADE, por entregarse incondicionalmente la propiedad de los rendimientos financieros de las sumas entregadas de manera anticipada a FONADE, en detrimento de los intereses patrimoniales del Presupuesto General de la Nación. 

Con corte a Junio 30 de 2017, se habían causado rendimientos superiores a $2.500 millones, habida cuenta del volumen de recursos de cuatro vigencias fiscales comprometidos en este convenio ($430.000 millones) para la contratación de nuevos cupos, planes de mantenimiento y dotación de 56 establecimientos de reclusión

Otra observación tiene que ver con las deficiencias generalizadas en la supervisión contractual, que llevaron al recibo y pago de obras no realizadas, o trabajos que no corresponden con la especificación contratada. Algunas de ellas se detectaron en los establecimientos EPMSC Chocontá, EPMSC Manizales, EPMSC Acacías, EPMSC Salamina y EPMSC Bucaramanga, las cuales sumaron hallazgos fiscales por $602.5 millones.

En la evaluación a la contratación de infraestructura, se encontraron contratos de operación y mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en ciudades donde las respectivas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios certificaron que el servicio de potabilización de agua y disposición final de aguas residuales venía siendo atendido por ellas.  Se constató tal situación en el EPMSC Acacías y en el Complejo Penitenciario de Cúcuta.  Tales situaciones ocasionaron daño patrimonial por $738 millones.

Atención en Salud: Recursos por fuera de su destinación

En Auditoría de Cumplimiento efectuada a la prestación del servicio de atención en salud a la población privada de la libertad, la Contraloría estableció que se destinaron recursos apropiados a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios por concepto de “Implementación del Sistema Integral de Salud en el Sistema Penitenciario” con destino al Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad, en gastos y contratos por fuera de la destinación específica para lo cual fueron presupuestados, por más de $6.200 millones.

De estos recursos, $5.500 millones fueron ejecutados para financiar una adición al contrato interadministrativo  No. 216144 del 25 de noviembre de 2016 suscrito entre la USPEC y FONADE, para la adquisición y mantenimiento de equipos biomédicos, y con los restantes $701.911.532 se pagó el contrato No. 341 de 2014 Póliza de seguros QBE, lo que motivó el traslado del hallazgo a la Fiscalía General de la Nación.

De igual manera, la USPEC no transfirió durante la vigencia 2016 recursos por el mismo concepto al Fondo, por valor de $5.009.824.088, dineros que por falta de apropiación fueron reintegrados al Tesoro Nacional, situación que además de no contar con la debida justificación, puede llegar a afectar la financiación del servicio en la respectiva vigencia fiscal y por ende generar faltante de recursos para la atención final en salud.

Una adecuada y oportuna ejecución de este tipo de recursos, podría mitigar en gran medida el riesgo jurídico derivado de la atención de 11.131 tutelas (a junio 30 de 2017) por la prestación del servicio de salud, o el riesgo jurídico y patrimonial que se deriva de otro tipos de medios de control judicial, tales como la acción contractual que actualmente cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de la USPEC, promovida por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015, basada en un presunto desequilibrio económico en el Contrato de Fiducia Mercantil, admitida en el mes de octubre de 2017.

A la Fiscalía hallazgos sobre selección en Bolsa de Proveedores de Alimentación

Por último y en atención a la función de la CGR de apoyo al control político que ejerce el Congreso de la República, la Contraloría atendió la denuncia interpuesta por la Senadora Claudia López en relación con la selección de los proveedores de alimentación de la población privada de la libertad a cargo del INPEC,  para lo cual efectuó pruebas en el proceso de estudios previos y elección de la Bolsa Mercantil como procedimiento de escogencia de los proveedores de alimentación a esta población objeto.

Como resultado de este labor, se detectaron posibles sobrecostos  derivados de diferencias en las comisiones pactadas con los dos comisionistas de Bolsa que representaron los intereses de la USPEC en las operaciones de mercado abierto, en cuantía de $36.442.756, así como incumplimiento en requisitos esenciales en materia de contratación, lo que motivó el traslado de hallazgos a la Fiscalía General de la Nación".

Fuente: Contraloría General de la República.

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